Con la convicción de que este es un momento de aprendizaje y oportunidad, el 23 de marzo de 2020 surgió la campaña #LaJusticiaNoPara, como una voz de esperanza y de transformación de la cultura, con el fin fortalecer el acceso a la justicia, aún en tiempos de crisis, promover la cultura de paz y prevenir el resurgimiento de nuevas violencias. (Así puede conciliar contratos de arriendo a raíz de la pandemia).

La lidera la Fundación Liborio Mejía y la apoya la Federación Colombiana de Centros de Conciliación (Fedecentros MASC). Pensada como una iniciativa de carácter nacional, se han unido más de 2.000 personas de diez países y 31 conferencistas de Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos y España, en el desarrollo de 27 conferencias, el Seminario Internacional para la Transformación de los Conflictos y el Acceso a la Justicia, y el Congreso Nacional e Internacional de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante.

La campaña reconoce que a pesar de que los conflictos sociales y económicos se acrecientan en esta época de cuarentena, la respuesta de la justicia tradicional del Estado es limitada, por la suspensión de términos de los procesos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura desde el pasado 16 de marzo de 2020. Para el reconocido abogado Ramiro Bejarano Guzmán, uno de los participantes, la suspensión de los procesos judiciales es muy grave para el país. “La dictadura del papel sellado sigue imperando en los trámites judiciales y eso explica lo que es un atraso tecnológico imperdonable en estos tiempos”.

Precisamente lo que busca la campaña es que los colombianos vean que gran parte de los problemas que surgen hoy en día —como el incumplimiento de contratos de arriendo, civiles y comerciales; problemas de familia, como fijación de cuota alimentaria, divorcios, y problemas de convivencia, entre otros— podrían ser resueltos de manera directa, o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la Constitución Política como formas de administración de justicia.

A través del Decreto 491 de marzo 28 de 2020, el Gobierno nacional ha garantizado la continuidad de los trámites de conciliación, arbitraje, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, mediante el uso de medios electrónicos.

Para el abogado Iván Cancino, uno de los conferencistas de la campaña #LaJusticiaNoPara, los mecanismos alternativos de solución de conflictos juegan un papel fundamental en esta época, porque muchos problemas se pueden resolver vía conciliación y no requieren ser judicializados. “Los abogados y los ciudadanos en este tiempo deberían ver la conciliación no solo como una etapa de un proceso judicial, sino como el mecanismo para resolver un problema de manera rápida, económica y amistosa. Esto reduciría la litigiosidad y la congestión judicial en nuestro país”.

La conciliación no es el único mecanismo al que pueden acudir los colombianos. Frente a los problemas de deudas y conflictos económicos, la ley establece la insolvencia de persona natural no comerciante como un mecanismo concursal en el que los deudores pueden llegar a un acuerdo de pago con los acreedores, respondiendo a su propia realidad financiera. Esto aplica a los deudores que tienen dos o más obligaciones vencidas por 90 o más días.

El experto en insolvencia de persona natural no comerciante, y uno de los conferencistas de esta campaña, Óscar Marín Martínez, afirma que ante la crisis económica y la falta de ingresos, los colombianos pueden acudir a la negociación de sus pasivos y a la convalidación de acuerdos privados con los acreedores, como mecanismos previos a la declaratoria de insolvencia. Estos mecanismos se pueden adelantar también ante los centros de conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho para tal fin.